Justicia para el Profesorado Asociado de las Universidades públicas

Al menos, uno de cada tres docentes de las universidades públicas de España es PROFESORADO ASOCIADO.

Estos docentes han ganado su plaza en un concurso público por sus méritos.

Su contrato es a tiempo parcial, pero su trabajo no difiere del de otros docentes a tiempo completo: clases, exámenes, tutorías, correcciones... Cobran la cuarta parte del sueldo por el mismo trabajo.

Este profesorado tiene además otro trabajo externo. Hay que destacar el valor de esta aportación a la Universidad, ya que proporciona al alumnado una visión próxima a la práctica profesional y a la realidad empresarial. En algunas ocasiones, este trabajo externo es igualmente precario, pero se utiliza como excusa para mal pagar su labor docente.

Sus contratos son temporales, a pesar de que las necesidades docentes no son temporales. El profesorado asociado está desempeñando funciones estructurales y permanentes, hasta el punto de que las Universidades no podrían funcionar sin ellos.

La Universidad pública española lleva muchos años utilizando estos contratos como mano de obra barata, para solucionar las necesidades docentes cuando no había presupuesto para incorporar profesorado estable.

Desde entonces, a estos docentes se les renueva (o no) el contrato cada año. Sin embargo, la legislación actual no permite ya encadenar contratos temporales, que deberían convertirse en indefinidos. Pero los contratos de profesorado asociado no se convierten en indefinidos. Algunos profesores y profesoras llevan diez, veinte o treinta años encadenando contratos temporales.

Ahora, con la nueva ley universitaria (LOSU) los contratos temporales desaparecen, y simplemente dejan de renovarse. Los profesores y profesoras asociados que quieran una plaza estable, tendrán que volver a acceder a la Universidad mediante otro concurso público, como podría hacerlo cualquier otro candidato. No hay promoción interna ni procesos de estabilización con garantías.

Alguien ha debido entender que las víctimas de este sistema de explotación son los culpables. Exigía mayor coraje la solución: pagar mejor a las profesoras y profesores asociados, y reconocer los derechos que implica la temporalidad en fraude de ley, sería más justo y adecuado: también más valiente.

Y como resultado de esta falta de valentía, buena parte del profesorado asociado perderá su plaza sin más, a pesar de haber prestado servicios durante años o incluso décadas. Por otra parte, los pocos que consigan estabilizarse como profesorado asociado LOSU verán reducida su docencia y sueldo. Lo dicho, las víctimas pagan.

Por tanto, habrá un despido masivo disfrazado de estabilización.
En lugar de acabar con la precariedad, van a acabar con los precarios en la calle.

¡Por la estabilización real y por una remuneración justa!
¡Por una universidad pública que verdaderamente sea un ejemplo para la sociedad!

Pedimos la modificación de la LOSU para reconocer los derechos de este colectivo.

Apoya con tu firma a las profesoras y profesores asociados de la Universidad pública.